Sector Público

Le corresponde realizar las siguientes tareas:

1. Asesorar al Ministerio Secretaría General de la Presidencia, en el estudio y análisis de la normativa nacional e internacional vigente, con el objeto de proponer adecuaciones o modificaciones legales y administrativas en materia de probidad y transparencia;
2. Manifestar su opinión en materias de probidad y transparencia al Ministerio Secretaría General de la Presidencia y a los órganos del Estado que se lo soliciten por su intermedio;
3. Asesorar al Ministerio Secretaría General de la Presidencia en la coordinación entre los distintos organismos de la Administración del Estado en materias relacionadas con el cumplimiento de las normativas vigentes en materias de probidad y transparencia;
4. Asesorar al Ministerio Secretaría General de la Presidencia en el monitoreo del cumplimiento de la legislación sobre probidad administrativa y transparencia en la función pública, de manera regular, sin perjuicio de los órganos que ejercen labores de fiscalización;
5. Proponer medidas para promover buenas prácticas sobre probidad y transparencia al interior de la Administración del Estado, mediante propuestas para la dictación de instructivos generales en esta materia;
6. Asesorar al Ministerio Secretaría General de la Presidencia en la asistencia y capacitación continua que preste a los órganos de la Administración del Estado que así lo soliciten, en materias relacionadas con el cumplimiento de la normativa vigente sobre probidad y transparencia.

Tiene por objeto la superior fiscalización de las actividades y entidades que participan de los mercados de valores y de seguros en Chile. Así, a la CMF le corresponde velar por el correcto funcionamiento, desarrollo y estabilidad del mercado financiero, facilitando la participación de los agentes de mercado y promoviendo el cuidado de la fe pública; además de velar porque las personas o entidades fiscalizadas, desde su iniciación hasta el término de su liquidación, cumplan con las leyes, reglamentos, estatutos y otras disposiciones que las rijan

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) es el organismo que asesora, defiende y representa los intereses patrimoniales y no patrimoniales del Estado de Chile y sus organismos, tanto a través del ejercicio de acciones y defensas judiciales como extrajudiciales. Constituido como un órgano dotado de plena autonomía técnica y política, su mandato es actuar al margen de toda consideración ajena al interés público.

El deber de intervención del CDE en el ámbito penal lo establece su ley orgánica y su competencia en la materia lo habilita a actuar efectivamente contra la corrupción con ocasión de los delitos de malversación o defraudación de fondos públicos, o de aquellos que importen sustracción, pérdida, o fraude de fondos del Fisco, de organismos del Estado o de entidades de derecho privado a las que el Estado o sus instituciones hagan aportes o subvenciones, o en las cuales tenga participación mayoritaria o igualitaria. Además, y particularmente en el ámbito de interés de la UNCAC, el CDE ejerce la acción penal tratándose de delitos de cohecho, soborno y negociación incompatible

Nuestra Visión:

El Consejo para la Transparencia promueve la consolidación de un modelo de gestión gubernamental que, inspirado en el Principio de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública, profundiza la democracia y fomenta la confianza en la función pública sobre la base de la participación y el control ciudadano.

Nuestros Objetivos:

1. Promover el principio de transparencia y difundir el derecho de acceso a la información pública, generando información relevante sobre los niveles de implementación en el sector público y buenas prácticas instaladas.
2. Garantizar el derecho de acceso a la información pública velando por su accesibilidad, exigibilidad y disponibilidad, y fiscalizando el cumplimiento de los deberes de transparencia a través de los medios y procedimientos que establezcan las normativas aplicables.
3. Perfeccionar la regulación de la normativa en materia de transparencia y del derecho de acceso a la información, favoreciendo la eficiencia de la gestión pública y el control ciudadano.
4. Instalar el Consejo para la Transparencia en base a un modelo de gestión pública de calidad que promueve la participación ciudadana, incorporando experiencias comparadas y mejores prácticas institucionales.

La Contraloría General de la República (CGR) es un órgano superior de fiscalización de la Administración del Estado, contemplado en la Constitución Política, que goza de autonomía frente al Poder Ejecutivo y demás órganos públicos.

Es esencialmente una entidad de control de legalidad de los actos de la Administración del Estado, que actúa con independencia del Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional.

La labor de la Contraloría es eminentemente fiscalizadora; de carácter jurídico, contable y financiero, pues está destinada a cautelar el principio de legalidad, es decir, verificar que los órganos de la Administración del Estado actúen dentro del ámbito de sus atribuciones y con sujeción a los procedimientos que la ley contempla.

Dichas funciones están contenidas:

• La Constitución Política de la República.
• La Ley Orgánica Constitucional.
• Otras leyes especiales.

Valores Institucionales:

• Colaboración
• Responsabilidad
• Probidad
• Autonomía
• Transparencia

Objetivos Estratégicos

1.- Entregar productos y servicios oportunos, de calidad y con valor agregado:

• Aumentar sostenidamente la calidad y la oportunidad de los productos y servicios entregados por la institución en relación al tipo de usuarios a los cuales están dirigidos.
• Evaluar el impacto de los principales productos y servicios de la CGR en la ciudadanía y la institucionalidad pública.
• Incrementar la cobertura online de los productos y servicios de la CGR.
• Fortalecer la calidad de los productos y servicios de apoyo a las funciones operativas de la institución.

2.- Estrechar el vínculo de la CGR con sus partes interesadas externas, para incrementar el impacto de su labor:

• Potenciar los vínculos y acciones de mutua colaboración con las principales partes interesadas de la CGR.
• Promover el fortalecimiento de la transparencia y probidad institucional en los organismos que administran recursos públicos.
• Incrementar el intercambio de buenas prácticas con organismos internacionales que permita el mejoramiento de la gestión institucional.
• Conocer y potenciar la percepción ciudadana respecto de la gestión de la institución y su importancia en el ámbito público.

3.- Estandarizar y mejorar los procesos de la institución con un enfoque de gestión por resultados:

• Fortalecer la coordinación entre las distintas dependencias con el fin de unificar directrices y criterios institucionales.
• Estandarizar los procesos y procedimientos a nivel nacional para las funciones de línea y de apoyo.
• Fortalecer e integrar los sistemas informáticos que contribuyan a las funciones de línea y de apoyo.
• Aumentar el valor agregado del control de gestión de los procesos de la institución para apoyar la toma de decisiones.
• Fortalecer las capacidades y difusión de las actuaciones del control interno para contribuir al mejoramiento de la gestión institucional.

4.- Contar con funcionarios competentes, con habilidades adecuadas a las necesidades de la Institución y altamente comprometidos.

• Desarrollar un sistema de gestión por competencias institucional para incrementar el desempeño y el nivel de satisfacción de los funcionarios.
• Apoyar del desarrollo de competencias y conocimientos de los funcionarios a través de programas efectivos de capacitación, impactando en su desempeño laboral.
• Potenciar la evaluación efectiva del desempeño funcionario que reconozca las diferencias entre cargos de distinto nivel jerárquico y responsabilidad.
• Fortalecer el clima organizacional para incentivar la mejora continua de la gestión.
• Potenciar las habilidades de liderazgo y evaluar el rol de las jefaturas en la institución.

ChileCompra administra el mayor mercado electrónico del país, www.mercadopublico.cl, plataforma a través de la cuál 850 organismos del Estado realizan de manera autónoma sus compras y contrataciones y por la que las empresas pueden ofrecer sus productos y servicios, cuyas transacciones representan más del 3,5% del PIB.

Su misión es “ser la Institución pública que facilita la contratación de bienes y servicios a las instituciones del Estado, conectando sus necesidades con la oferta de los proveedores, a través del Sistema de Compras Públicas, promoviendo un mercado transparente, probo, accesible e inclusivo” Por lo anterior, fundamenta su acción en tres objetivos estratégicos:

1. Desarrollar niveles de probidad y transparencia en el mercado de las compras públicas.
2. Promover un mercado de compras públicas inclusivo, competitivo y que facilite el acceso.
3. Entregar un mejor servicio a nuestros usuarios, a partir del fortalecimiento de la gestión interna de ChileCompra.

En materia de probidad y transparencia, ChileCompra fomenta las buenas prácticas a través de la capacitación permanente a compradores públicos y a proveedores del sistema, así como a través de la gestión de su Observatorio, el cual monitorea los procesos de los organismos del Estado detectando omisiones, errores, o prácticas que podrían derivar en irregularidades en las compras públicas. De esta manera, ChileCompra actúa como un gestor de constantes recomendaciones para que los organismos del Estado mejoren sus procesos de compra en transparencia, probidad e igualdad.

El Observatorio de ChileCompra inició sus operaciones el año 2013 a través de un sistema de alertas (red flags) que detectan casos de eventuales anomalías o errores, especialmente cuando se trata de contrataciones superiores a las 1.000 UTM. Este año 2015 el Observatorio sumó el canal de denuncia anónima que permite a compradores, proveedores y ciudadanía en general informar de manera confidencial respecto de una situación que, a su juicio, atente contra la probidad, transparencia o integridad de uno o más procesos de contratación regulados por la Ley de Compras Públicas y su Reglamento.

Algunos de los temas que son monitoreados se refieren a: falta de objetividad de criterios de evaluación, fragmentación en la compra, exceso de requisitos de participación, cláusulas discriminatorias, garantías desproporcionadas y compra de productos fuera de convenio marco sin justificación. Dependiendo de las situaciones detectadas, si estas no son corregidas por parte del organismo público, se deriva a instancias superiores, tales como un oficio al Jefe de Servicio o bien a la Contraloría General de la Republica.

En relación al rol contra la lucha contra la corrupción, y su correlato en nuestra misión, cabe señalar que le corresponde a DICREP “apoyo (…) como órgano auxiliar de la Justicia en la implementación de las acciones que le son demandadas”, específica y operativamente al interior del Servicio, en lo que dice relación con los procesos de remates judiciales, de los bienes decomisados a quienes resultaron condenados por los delitos señalados en la ley 20.000. Esto contribuye, además de ejecutar una resolución judicial y cumplir la normativa vigente (que es un valor en sí mismo), a liquidar los activos y el patrimonio que genera la actividad delictiva.

A mayor abundamiento, para este fin, DICREP se relaciona con:

– Ministerio Público: órgano persecutor en materia penal

– El poder judicial-juzgado de garantía: órgano de decisión en materia de dicha responsabilidad

– SENDA: órgano receptor del producto del remate de los bienes decomisados por ley 20.000

En el contexto de las labores de Anticorrupción referidas a la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), Cancillería efectúa la gestión de la relación con la ONUDD, a través principalmente de la Misión de Chile en Viena y de DISIN. Cabe señalar que la principal responsabilidad en este sentido se da en el contexto de la aplicación del Mecanismo de Revisión de la Implementación de la Convención. En ese ámbito, compete al Ministerio de RR.EE. la coordinación de la ejecución de los procesos a que da lugar el Mecanismo, tanto en lo concerniente a Chile como Estado evaluado, como en los casos en que nuestro país es Estado evaluador. De esta manera, DISIN coordina la elaboración de las respuestas por parte de las diversas entidades públicas chilenas competentes; organiza y coordina la ejecución de la respectiva visita “in situ”; remite a ONUDD las observaciones que las entidades nacionales formulen a los informes elaborados por los Examinadores; recibe de ONUDD el informe final y lo difunde hacia las entidades técnicas, con las correspondientes “recomendaciones”. Cuando Chile es examinador, DISIN efectúa labores de coordinación con la ONUDD y los expertos chilenos participantes.

En tanto, en materia interna, la participación de Cancillería en la Mesa Intersectorial de la Agenda UNCAC da cuenta de un rol principalmente asesor en el proceso de discusión y definición de políticas. En este sentido, el aporte de Cancillería es a través de su manejo de la UNCAC, para apoyar el desarrollo de los lineamientos generales a los cuales Chile está comprometido en la política desarrollada en materia de corrupción.

La Fiscalía de Chile es un organismo autonomo de carácter constitucional que no forma parte de ninguno de los tres tradicionales poderes del Estado, y que tiene por misión el dirigir en forma exclusiva las investigaciones criminales, ejercer la acción penal pública, cuando resulte procedente, instando por resolver adecuada y oportunamente los diversos casos penales, adoptando las medidas necesarias para la atención y protección de víctimas y testigos; todo ello a fin de contribuir a la consolidación de un Estado de Derecho, con altos estándares de calidad.

Esta institución se organiza en una Fiscalía Nacional, encabezada por el Fiscal Nacional, apoyado por las Unidades Especializadas, y 18 Fiscalías Regionales, cada una de las cuales son dirigidas por un Fiscal Regional. Existe una en cada región del país y cuatro en la Región Metropolitana por su extensión territorial y cantidad de habitantes. En cada región hay Fiscalías Locales, que son las unidades operativas de las Fiscalías Regionales, y están compuestas por fiscales adjuntos y personal de apoyo.

En materia de lucha en contra de la corrupción, dentro de la misión institucional, a la Fiscalía de Chile le corresponde dirigir las investigaciones penales de los delitos de corrupción que sean cometidos en el país, ejerciendo la acción penal pública si fuera necesario. Para ello, el Fiscal Nacional ha nombrado a diversos fiscales adjuntos para hacerse cargo, de modo preferente, de la investigación de los delitos de corrupción que se cometan en cada una de las Fiscalías Regionales. Estos fiscales son apoyados desde el nivel central por los profesionales de la Unidad Especializada Anticorrupción, tanto en aspectos jurídicos, como financiero contables.

Para enfrentar el fenómeno de la corrupción, la Fiscalía de Chile ha debido capacitar permanentemente a sus fiscales, y ha debido establecer diversas instancias de colaboración interinstitucional, especialmente en esta área, con las policías, la Contraloria General de la República y el Consejo de Defensa del Estado.

Como valores declarados por el Tribunal Pleno de la Corte Suprema, se consigna que el Poder Judicial administra justicia de manera Independiente, autónoma e imparcial, esto es actuando conforme a derecho, generando seguridad jurídica y confianza; actúa de manera igualitaria, inclusiva y accesible, amparando todos los derechos y garantías de todas las personas; actúa de manera proba, transparente, íntegra y socialmente responsable, para ello rinde cuenta pública con un lenguaje claro y comprensible; y administra justicia cercana, oportuna y efectiva, otorgando buen trato y un servicio de excelencia.

Entre los grandes objetivos estratégicos del Poder Judicial para mejorar el acceso a la justicia se contemplan, entre otros, ser reconocido como confiable, cercano y transparente, donde los principios de tutela judicial efectiva encuentren real concreción, contribuyendo a que el sistema de justicia sea más eficiente e inclusivo, colaborando con los problemas de desigualdad que tiene el país, mucho más cerca de los intereses de los ciudadanos; con jueces que actúan con total independencia, imparcialidad y probidad; y en donde sus funcionarios están preparados, motivados y comprometidos con su labor.

Otro de sus objetivos, es ofrecer calidad en todo el proceso de gestión de justicia, incorporando la oralidad en todas las materias e instancias, incorporando elementos de justicia restaurativa y desarrollando procesos en línea de administración y gestión de justicia.

Y como un tercer objetivo está el de modernizar la institución del Poder Judicial estableciendo un sistema de perfeccionamiento, formación y capacitación de todos sus funcionarios, avanzar4 hacia una autonomía orgánica y financiera y transformar la actual Corporación Administrativa del Poder Judicial en un servicio de apoyo y soporte ágil, de toda la labor jurisdiccional.

El artículo 5º de dicha ley agrega que corresponde en especial a la Policía de Investigaciones de Chile:

• Contribuir al mantenimiento de la tranquilidad pública.
• Prevenir la perpetración de hechos delictuosos y de actos atentatorios contra la estabilidad de los organismos fundamentales del Estado.
• Dar cumplimiento a las órdenes emanadas del Ministerio público para los efectos de la investigación, así como a las órdenes emanadas de las autoridades judiciales, y de las autoridades administrativas en los actos en que intervengan como tribunales especiales.
• Prestar su cooperación a los tribunales con competencia en lo criminal.
• Controlar el ingreso y salida de personas del territorio nacional.
• Fiscalizar la permanencia de extranjeros en el país.
• Representar a Chile como miembro de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).
• Dar cumplimiento a otras funciones que le encomienden las leyes.

En consecuencia, la Policía de Investigaciones es una institución de carácter civil, que tiene como función principal, pero no única, investigar y aclarar los delitos que ya han ocurrido, a fin de:

• Establecer quiénes fueron sus participantes
• Establecer las condiciones y circunstancias en que se originaron
• Recolectar las evidencias y pruebas
• Detener a las personas involucradas entregándolas a la justicia

Ante el entorno complejo y cambiante que actualmente enfrentan las organizaciones, la PDI optó por desarrollar una planificación estratégica que, junto con direccionar eficazmente sus acciones, sea una guía para priorizar sus proyectos. Este proceso derivó en la formulación de una nueva misión, visión y propuesta de valor para enfrentar los desafíos que nos exige ser parte de la sociedad y definen nuestra contribución a la seguridad pública.

Misión Actualizada: Contribuir al crecimiento y desarrollo integral de la nación, garantizando la seguridad y protección de nuestros ciudadanos e instituciones, a través de la Investigación Criminal, el Control Migratorio y la Policía Internacional. En el desarrollo de nuestras funciones privilegiamos una investigación profesional sustentada en el análisis e inteligencia policial y en el desarrollo de un vínculo con nuestros aliados estratégicos.

Breve Descripción

La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) es la policía civil investigativa de Chile, creada oficialmente el 19 de junio de 1933. Compone las Fuerzas de Orden y Seguridad de Chile dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, cuyo personal está sometido a un régimen jerárquico y disciplinario estricto. La PDI es la principal institución policial del país que desarrolla labores en materia de investigación criminalística.

Su misión fundamental es realizar las investigaciones y aclaraciones policiales de los delitos, ser coadyuvante del Ministerio Público en la investigación de delitos y controlar el movimiento migratorio de personas del país, en los diferentes pasos fronterizos internacionales, aeropuertos y puertos, fiscalizar la permanencia de extranjeros en Chile y representar a esta nación en Interpol.

La PDI, desarrolla su trabajo investigativo con métodos técnico- científicos, principalmente mediante la criminalística, criminología e inteligencia policial, junto a las demás que van de la mano con la primera como balística, dactiloscopia, medicina forense, psicología y otras.

Encuestas privadas y gubernamentales sitúan a la PDI entre las instituciones estatales más creíbles del país.

Roles directos e indirectos en materia de lucha contra la corrupción:

• Llevar a cabo procesos de selección públicos, abiertos, y de amplia difusión de altos Directivos Públicos de primer y segundo nivel jerárquico y otros cargos que la ley ha determinado, en base a los principios de mérito e idoneidad, transparencia y no discriminación.
• Instaurar los principios de mérito e idoneidad en todos los ámbitos de la concursabilidad de cargos en el Estado y de la gestión de personas en general, así como promover las buenas prácticas laborales de conformidad a dichos principios.
• Incorporar, en la proposición de políticas de personal, variables que eviten todo tipo de discriminación.

El SEP concentra las decisiones y representación que al Estado le compete como dueño a CORFO como accionista en ciertas empresas del sector estatal, entregando orientaciones y lineamientos generales, velando por el cumplimiento de los objetivos particulares de cada una de ellas, y facilitando a éstas compartir sus experiencias y aprendizajes particulares y el desarrollo de sinergias cuando ello sea posible.

El Sistema de Empresas SEP tiene por misión representar los intereses del Estado de Chile – en su calidad de dueño – en empresas en que éste es directa o indirectamente socio, accionista o propietario, designando los miembros de los directorios y controlando la gestión estratégica de estas empresas, de tal manera de maximizar el valor económico del conjunto de éstas. Para cumplir con este rol, entre otras medidas, el SEP utiliza para el Control de Gestión Estratégico, el siguiente modelo:

a. Planificación Estratégica

El Consejo SEP valida la misión declarada por cada empresa, cautelando que ésta se ajuste a los lineamientos que el Estado de Chile ha determinado para ella.

Con esta misión, el Directorio de la empresa elabora el Plan Estratégico que deberá contener la visión de la empresa, las definiciones de áreas de negocio, los objetivos estratégicos, los objetivos de gestión, las metas y los indicadores para el período de planificación.

El Consejo del SEP evalúa, corrige y aprueba el Plan Estratégico.

b. Proceso Presupuestario

Anualmente, y a solicitud de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda (DIPRES), la empresa debe elaborar un Proyecto de Presupuesto para el año siguiente.

Este Proyecto de Presupuesto, que es enviado a la DIPRES y al SEP, debe enmarcarse dentro de la Planificación Estratégica para la empresa respectiva aprobada por el Consejo SEP, lo cual es verificado por este último.

El SEP envía cada año a la DIPRES los Informes Razonados de los Proyectos de Presupuesto, mediante los cuales se da la opinión fundada sobre si éstos se ajustan a la Planificación Estratégica, aprobada para la respectiva Empresa, y si los ingresos y costos se ajustan a los estándares de eficiencia que se espera de ella.

La DIPRES en diciembre de cada año, aprueba por Decreto el Presupuesto de cada empresa para el año siguiente.

La Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, SUBDERE, para garantizar el cumplimiento de su misión, ha decidido establecer y mantener un sistema de gestión de calidad en concordancia con las políticas de modernización del Estado, que permita satisfacer los requisitos legales y normativas que aseguren la obtención de calidad para nuestros usuarios, la mejora continua de los productos y /o servicios, la evaluación permanente de todos sus procesos, mantener la competencia de nuestros funcionarios y mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad.

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es un servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que se relaciona con el Presidente de la República por medio del Ministerio de Hacienda.

La UAF tiene como misión prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en Chile, mediante la realización de inteligencia financiera, la emisión de normativa, la fiscalización de su cumplimiento y la difusión de información de carácter público, con el fin de proteger al país y a su economía de las distorsiones que generan ambos delitos.

La visión institucional busca que la UAF se sitúe como la institución referente en materias de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, contribuyendo a la estabilidad económica y social de Chile, evitando que algunos sectores sean utilizados como vehículo para la comisión de estos delitos; y ser reconocida por su gestión institucional de excelencia.

Corrupción y Políticas contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo

En Chile, la corrupción de funcionarios públicos nacionales y extranjeros constituye delito precedente de lavado de activos. Esto responde a la gravedad del delito, el enorme perjuicio social derivado de la reutilización de los fondos obtenidos de él, y a los compromisos internacionales del Estado de Chile en la materia. Así por ejemplo, las obligaciones derivadas de la membresía de GAFILAT (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, organismo creado bajo el modelo de GAFI o Grupo de Acción Financiera) y de la OCDE.

El Grupo de Acción Financiera, organismo internacional que rige los estándares en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ha señalado a través de sus Recomendaciones, la necesidad de tipificar el delito de lavado de activos considerando, a lo menos, una lista de delitos precedentes dentro de la cual se encuentra la corrupción en sus distintas manifestaciones.

Por su parte la OCDE ha incluido en sus áreas de trabajo temáticas relacionadas con el combate al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. En ese marco, mediante la Convención para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros también exige que el cohecho sea considerado un delito precedente del lavado de activos en las legislaciones nacionales, así como que se establezca la responsabilidad penal de las personas jurídicas por la comisión del delito.

La Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales es una entidad pública, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, que tiene como fin ejecutar y coordinar la política de Gobierno en materia de Relaciones Económicas Internacionales; la defensa de los intereses de Chile en foros multilaterales; y la negociación e implementación de la red de tratados de libre comercio, entre otras materias.

La Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales está comprometida con la transparencia, la integridad y la lucha contra la corrupción, y busca propiciar la coherencia política de los instrumentos internacionales a los que Chile ha adherido en estas materias. Tiene a su cargo la implementación del Punto Nacional de Contacto para las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, en cuyo rol tiene la obligación de promover y difundir una conducta empresarial responsable, que incluye la lucha contra la corrupción, el soborno y otras formas de extorsión. Desde 2019, tiene bajo su responsabilidad coordinar la implementación de la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales (Convención Anticohecho de la OCDE). Asimismo, debido a su convicción sobre el daño que provoca la corrupción en el desarrollo de economías y sociedades más justas y sostenibles, promueve la incorporación de estándares internacionales relacionadas con la lucha contra la corrupción en los tratados de libre comercio que negocia.