Una importante agenda de trabajo tuvo la Contraloría General, representada por la Subcontralora General, Dorothy Pérez; la Secretario General, Verónica Orrego; y el jefe de la Unidad de Cooperación y Relaciones Internacionales, Osvaldo Rudloff, para impulsar y apoyar el trabajo de Naciones Unidas (ONU) en materia de igualdad de género y el cumplimiento del ODS 5, y en la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción OEA/MESICIC.
En sendos encuentros, efectuados entre el 12 y el 16 de marzo, en Nueva York y Washington, se destacó el rol colaborativo institucional para la ejecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y su aporte al fomento de la probidad y el combate de la corrupción.
El lunes 12, la Subcontralora se reunió con la Secretaria Ejecutiva de la Junta de Auditores de Naciones Unidas, Anjana Das, para coordinar las labores que tendrá la Contraloría General de Chile como integrante de ese organismo ONU, a partir de julio próximo. Esto forma parte del trabajo ya iniciado, para llevar a cabo esta relevante tarea con la capacitación, preparada especialmente por el Tribunal Federal de Cuentas de Alemania para este Organismo de Control y que consideró el análisis en detalle de los programas e instituciones que serán de responsabilidad de la Contraloría como integrante de la Junta de Auditores.
El martes 13, la autoridad de la Contraloría participó en el seminario “The New ‘A Team’ for Gender Equality: Advocates, Assembly Members and Auditors Sub-Head Auditing and Accountability for Gender Equality and SDG Implementation: a How to Guide”, organizado por la Fundación Women Deliver, Canadian Audit and Accountability, el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD), el Gobierno de Canadá y ONU Mujeres.
En representación de la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, rol que ejerce la Contraloría General de la República de Chile, expuso Osvaldo Rudloff, quien se refirió a la tarea que están realizando las 17 Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de América Latina que participan en la Auditoría Coordinada de Igualdad de Género para el cumplimiento del ODS 5, específico sobre la temática.
Posteriormente, la Institución participó en la Trigésima Reunión del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, en Washington, entre el 12 y el 16 de marzo.
En dicha actividad, que finalizará este viernes 16 de marzo, se dieron a conocer los informes de Granada, Brasil, Guyana y Jamaica para dar cuenta de los avances en la ejecución de las recomendaciones formuladas por el Comité de Expertos del MESICIC.
También se presentaron los reportes voluntarios de países que dieron a conocer temas de interés general, tales como la difusión de buenas prácticas de prevención y combate de las faltas a la probidad, y se acordó el plan de trabajo del Comité para el período 2018-2019.
La Contraloría General mostró sus diversos avances en su rol de fortalecimiento de la probidad y prevención anticorrupción, a saber, la plena implementación de la ley 20880 sobre probidad y declaraciones de intereses y patrimonio, dando a conocer que se han recibido más de 100 mil declaraciones en la plataforma desarrollada por la Contraloría y que se han iniciado 480 procesos disciplinarios por incumplimiento de dicha ley. Se informó a los 32 países miembros del mecanismo de seguimientos, los avances de la Contraloría en cuanto a fiscalización de los ODS, la labor de inducción realizada por el Centro de Estudios de la Administración del Estado (CEA) para la formación a quienes ingresan a la Administración y a los funcionarios que tienen pocos años de experiencia en el sector público, previniendo así eventuales conductas de corrupción y siendo actores claves en el fortalecimiento de la probidad y la gobernanza pública. Se destacó, además las nuevas iniciativas desarrolladas a través de la Alianza Anticorrupción UNCAC, impulsada por este Organismo de Control en conjunto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para fortalecer las acciones de 28 entidades públicas y privadas para luchar contra la corrupción y verificar el cumplimiento de las convenciones internacionales.
