En la VIII Cumbre de las Américas, efectuada en Lima, Perú, los Jefes de Estado del continente acordaron trabajar contra la corrupción mediante una serie de iniciativas, entre ellas consolidar la autonomía e independencia de los órganos de control superior.
Con la firma del Compromiso de Lima “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción” por parte de los Presidentes de todo el Continente, y que apunta a fortalecer la lucha contra este flagelo, finalizó la VIII Cumbre de las Américas, desarrollada en Perú, entre el 13 y 14 de abril.
El documento surgió como una manera de reafirmar la importancia que tienen para los países de la región los tratados en materia de lucha contra los actos alejados de la probidad, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC, por su sigla en inglés) y la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC), además de la adopción de la Agenda 2030, en particular el Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.
En 57 puntos, los Mandatarios se comprometieron a desarrollar y cumplir medidas en siete áreas: fortalecimiento de la gobernabilidad democrática; transparencia, acceso a la información, protección de denunciantes y derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión; financiamiento de organizaciones políticas y campañas electorales; prevención de la corrupción en obras públicas, contrataciones y compras públicas; cooperación jurídica internacional; combate al cohecho, al soborno internacional, al crimen organizado y al lavado de activos y recuperación de activos; fortalecimiento de los mecanismos interamericanos anticorrupción; y seguimiento e informes.
Una de las medidas esenciales es la N° 15, donde los Jefes de Estado garantizaron apoyar la consolidación de la autonomía e independencia de los órganos de control superior. En el caso de Chile, dicha institución es la Contraloría General de la República, que cuenta con autonomía constitucional respecto de los Poderes del Estado pero no así con autonomía presupuestaria, a diferencia de las demás entidades contraloras a nivel internacional.
Las iniciativas también contemplan el fortalecimiento de las instituciones para la prevención y combate de la corrupción, la promoción del desarrollo de una cultura de transparencia, participación ciudadana, además del potenciamiento de los valores democráticos y cívicos desde la primera infancia.
Otras responsabilidades adquiridas son la generación de códigos de conducta para los servidores públicos, con altos estándares de ética, probidad, integridad y transparencia y el desarrollo de planes nacionales anticorrupción.
Se suma el fortalecer de los órganos de transparencia, promover el uso de tecnologías de la información, potenciar la rendición de cuentas, incentivar la cooperación interinstitucional y adoptar medidas efectivas contra la elusión, entre otras múltiples iniciativas.
