Las instituciones públicas y privadas, y la sociedad civil podrán participar en el concurso que busca difundir las mejores prácticas anticorrupción, impulsado por la Alianza Anticorrupción UNCAC, liderada en Chile por la Contraloría y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Las iniciativas que se postulen deben haber sido implementadas como al menos seis meses de antigüedad en las respectivas instituciones y deberán contar con el patrocinio del Jefe de Servicio, para aquellas que provienen de entidades del sector público, o del comité directivo, para las de entidades privadas.
En la categoría sector público, se podrán presentar las ideas que estén enfocadas a promover e implementar programas de formación y capacitación que les permitan a las instituciones cumplir con un desempeño correcto, honorable y debido de sus funciones. También se aceptarán las que fomenten e implementen estrategias de desarrollo y mejora de la calidad de la información pública y la rendición de cuentas; las que estén destinadas a promover e implementar el uso de declaraciones en relación a actividades externas que comprometan el correcto desempeño del servicio; las que promuevan la cooperación con otros organismos o con la ciudadanía y que estén basadas en la probidad, la transparencia y el respeto.
El sector privado, la sociedad civil y los organismos internacionales, podrán postular las iniciativas que promuevan la transparencia de la institución para los usuarios internos o externos; las que estén destinadas a prevenir la utilización indebida de los procedimientos e información que administra la organización; aquellas que prevengan los conflictos de intereses; las que promuevan la cooperación con otros organismos encargados de hacer cumplir la ley; y las que fomenten la formulación de códigos y procedimientos para resguardar la integridad y la probidad.
La Alianza Anticorrupción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) es un grupo de trabajo que reúne a representantes de instituciones públicas, privadas, de la academia, organizaciones de la sociedad civil y organismos multilaterales. Su objetivo es diseñar acciones y estrategias para dar cumplimiento en Chile a los principios de la Convención; además de fortalecer el combate contra la corrupción y fomentar la transparencia.
