“Hace 30 años una alianza como ésta era impensable. Hoy es un tópico”. Con esta reflexión, el Contralor General, Ramiro Mendoza, junto al coordinador del Sistema de Naciones Unidas en Chile y Representante Residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Antonio Molpeceres, encabezó la firma de la Declaración de la Red Público-Privada Anticorrupción, que ratificó el compromiso de impulsar propuestas legislativas y prácticas acordadas y consensuadas por 25 instituciones de los sectores público, privado y académico.
En forma inédita, la Contraloría y el PNUD integraron a representantes de la Administración del Estado con la sociedad civil y ONGs, en el trabajo de 15 meses que significó el proyecto “Autoevaluación participativa y representativa de los capítulos II y V de la UNCAC en Chile”.
A las 11 mesas de trabajo se sumaron tres mesas de coordinación de la campaña “No mancho mi conciencia. Vivo sin corrupción”, que buscó fomentar en los ciudadanos la toma de conciencia respecto de conductas cotidianas que pueden ser germen de corrupción, y que fue liderada por la Subcontralora General, Patricia Arriagada.
En la ceremonia de firma de la declaración, que selló esta asociación estratégica, participaron el Ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet; los presidentes del Consejo de Defensa del Estado, Sergio Urrejola; y del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada; además de los superintendentes de Valores y Seguros, Fernando Coloma, y de Bancos e Instituciones Financieras, Raphael Bergoing; el director de la Unidad de Análisis Financiero, Javier Cruz; jefes, subjefes y funcionarios de la Contraloría General; representantes de organismos públicos, privados y académicos; y ejecutivos de entidades de la sociedad civil.
Las instituciones firmantes son: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo; Poder Judicial; Comisión Defensora Ciudadana y Transparencia de SEGPRES; Ministerio Público; Ministerio de Justicia; Consejo de Defensa del Estado; Consejo para la Transparencia; Asociación Chilena de Municipalidades; Universidad Alberto Hurtado; Unidad de Análisis Financiero; Dirección de Compras Públicas (ChileCompra); Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras; Superintendencia de Valores y Seguros; Servicio Civil; Corporación Administrativa del Poder Judicial; Asociación de Bancos e Instituciones Financieras; Asociación de Aseguradores de Chile; Asociación de Empresas Eléctricas A.G.; Sociedad Nacional de Minería; Cámara Chilena de la Construcción; Chile Transparente, Capítulo Chileno de Transparencia Internacional; Fundación Ciudadano Inteligente; Fundación Casa de la Paz; Fundación Pro Acceso; y la Contraloría General de la República.
En su intervención, el Contralor Mendoza aseguró que si el Estado, los privados, y la sociedad civil no logran entender la necesidad de conformar una red y alianza estratégica, no serán capaces de alcanzar el desarrollo ético y la conciencia cabal del ciudadano en el real cumplimiento de sus deberes. Planteó también que la única forma de superar la crisis de confianza en el Estado es que públicos y privados se hagan responsables del mejor desarrollo de la promoción de la transparencia, las herramientas institucionales y las convenciones vigentes. “Ésta es una tarea de todos”, enfatizó.
El coordinador del Sistema de Naciones Unidas en Chile y Representante Residente del Programa del PNUD, Antonio Molpeceres, expresó su entusiasmo ante la iniciativa “pues se declara públicamente el comienzo de una nueva etapa de asociación estratégica en torno a la prevención y lucha contra la corrupción”. Indicó que Chile debe cooperar con otras naciones que enfrentan estos problemas y que no han podido generar alianzas como la encabezada por la Contraloría, el PNUD y las 23 instituciones partícipes.
El personero anticipó que en el informe final de la autoevaluación se propuso, en materia legislativa, fortalecer proyectos de ley hoy en trámite como: Lobby y Registro Público; Regulación y Transparencia de Partidos Políticos y Financiamiento de Campañas Políticas; Regulación de Conflictos de Interés y de Conflictos Pre y Postempleo Público o Privado; Fiscalización y Verificación de Declaraciones Patrimoniales e Intereses; y Fortalecimiento de la Protección del Denunciante, entre otras.
También se consigna la necesidad de considerar una serie de herramientas prácticas para prevenir la corrupción, en orden a la rendición de cuentas de autoridades; educación y promoción de reglas éticas, valores y civismo; y ejercicio de fiscalización mediante el control social y el periodismo investigativo.
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